En un recorrido por zona rural de Manatí, se detectaron 33 conexiones ilegales en fincas, cuyos propietarios ya están identificados.El robo de agua asciende a 1.500 m3 por día, lo que genera pérdidas por $2.000 millones y afecta a 40.000 habitantes de esta zona del departamento
En una acción articulada para proteger el acceso al agua potable y combatir las conexiones ilegales, la Gobernación del Atlántico intensificó los operativos contra el robo de agua en la zona rural del municipio de Manatí.
Durante un recorrido técnico y operativo en predios rurales, las autoridades identificaron 33 conexiones ilegales en fincas, cuyos propietarios ya fueron plenamente individualizados y enfrentarán procesos judiciales.
“Realizamos un recorrido por la zona rural de Manatí, donde detectamos 33 conexiones ilegales en fincas. Los propietarios ya están identificados y serán judicializados por parte de las autoridades competentes. Este tipo de conductas no solo constituye un delito, sino que atenta directamente contra el bienestar de miles de familias que dependen del suministro legal de agua”, aseguró el secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque.
Las acciones se desarrollaron de manera conjunta con la Policía del Atlántico y la empresa operadora del servicio de acueducto Aqualia, en el marco de una estrategia integral para garantizar el uso legal y equitativo del recurso hídrico.
La secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, advirtió sobre el impacto estructural de este delito en el sistema de abastecimiento.
“El robo de agua en esta zona asciende a cerca de 1.500 metros cúbicos por día, lo que genera pérdidas estimadas en 2.000 millones de pesos y afecta directamente a más de 40.000 habitantes del sur del departamento. Estas conexiones ilegales deterioran la presión del servicio, comprometen la calidad del agua y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias”, sostuvo.
El hurto de agua no solo representa pérdidas económicas significativas, sino que también provoca desabastecimiento, baja presión en las redes, afectaciones sanitarias y deterioro de la infraestructura, lo que impacta de manera directa la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Además, debilita la sostenibilidad del sistema y retrasa inversiones necesarias para ampliar cobertura y mejorar el servicio.
La Gobernación del Atlántico reiteró que continuará fortaleciendo estos operativos en todo el territorio, haciendo un llamado a la ciudadanía a denunciar conexiones ilegales y a hacer un uso responsable del recurso.
El compromiso institucional es claro: proteger el agua como un bien público esencial y garantizar que llegue de manera legal, segura y continua a todos los hogares del departamento.
