La representante a la Cámara y presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer pidió a la Fiscalía, la Gobernación y al Gobierno Nacional resultados concretos para frenar los hechos violentos contra las mujeres. También alertó sobre la situación de seguridad en Soledad, donde cuatro mujeres fueron asesinadas en un periodo de seis días
La creciente violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico llegó nuevamente al debate del Congreso de la República. Durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Jezmi Barraza expresó su preocupación por las cifras de homicidios registradas en lo corrido de 2026, que, según la denuncia presentada por la representante, ascienden a 72 mujeres asesinadas.
La congresista puso especial atención en los recientes hechos ocurridos en Soledad, donde cuatro mujeres perdieron la vida de manera violenta en un periodo de seis días. La situación, según manifestó, evidencia la gravedad de la inseguridad que enfrentan las mujeres en el territorio y la necesidad de respuestas institucionales que permitan prevenir nuevos casos.
Durante su intervención, Barraza cuestionó la falta de resultados visibles frente a esta problemática y pidió a las autoridades avanzar en las investigaciones para esclarecer los crímenes e identificar a los responsables.
«En el Atlántico a las mujeres las están cazando, y el Estado simplemente se dedicó a llevar la cuenta de los cuerpos», manifestó la representante, al advertir que, de acuerdo con las cifras expuestas, una mujer es asesinada aproximadamente cada cuatro días en el departamento.
alerta por las fallas en las rutas de protección
Otro de los puntos señalados por la congresista fue la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres que se encuentran en situación de riesgo.
Barraza advirtió que las rutas de atención existentes no estarían respondiendo de manera suficiente a las nuevas dinámicas de violencia, especialmente cuando las mujeres se convierten en víctimas de ataques relacionados con el sicariato, las pandillas y las estructuras delincuenciales.
Asimismo, cuestionó la disponibilidad de espacios de protección para quienes necesitan abandonar entornos de peligro. En su intervención mencionó que el departamento contaría con apenas 20 cupos en casas refugio para atender a más de 300 mujeres identificadas en riesgo extremo, una situación que calificó como una falla institucional que requiere atención inmediata.
tres exigencias para enfrentar la violencia
Ante este panorama, la presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer planteó tres solicitudes concretas:
- A la Fiscalía General de la Nación: entregar resultados de las investigaciones, avanzar en las capturas de los responsables y presentar un informe público sobre el estado de los 72 casos denunciados durante 2026.
- A la Gobernación del Atlántico y a la Policía Nacional: implementar un plan de choque con enfoque de género y acciones de protección en los municipios de Soledad, Barranquilla y Malambo, considerados prioritarios ante la situación de violencia.
- Al Gobierno Nacional: garantizar recursos para fortalecer las casas refugio, la asistencia jurídica y los mecanismos de protección en los territorios, con medidas que permitan responder oportunamente a las mujeres amenazadas.
La representante insistió en que la protección de las mujeres no puede quedarse en pronunciamientos institucionales ni en compromisos sin resultados, sino que debe traducirse en acciones concretas, prevención, investigación y garantías de seguridad.
«Las mujeres del Atlántico no queremos tener que ser valientes; exigimos el derecho a estar vivas. ¡Ni una más!», concluyó Jezmi Barraza.
La denuncia presentada en el Congreso vuelve a poner sobre la mesa la situación de seguridad de las mujeres en el Atlántico y el llamado a las autoridades para que fortalezcan las estrategias de prevención, protección e investigación frente a los hechos de violencia que afectan al departamento.
Vicky Caribe – VC noticia