Durante el debate de coordinadores y ponentes del Presupuesto General de laNación 2027, la congresista advirtió que el recorte del 36% al Ministerio deAmbiente asfixia la política climática y desprotege los ecosistemas del Caribe. En materia de vivienda y agua potable, exigió que los billones del papel setraduzcan en partidas etiquetadas para superar las crisis en Sabanalarga,Malambo, Baranoa y el sur del departamento, blindando además los subsidiosde Fonvivienda
En el marco de la discusión y votación del Presupuesto General de la Nación (PGN)2027 en el Congreso de la República, la Representante a la Cámara por el Atlántico,Jezmi Barraza, plantó una posición firme y rigurosa frente a los ministros de Ambiente yDesarrollo Sostenible, Fabio Arjona, y de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime AndrésBeltrán.
Si bien la congresista respaldó el monto global del presupuesto por esponsabilidad macroeconómica, advirtió con contundencia que dicho voto de confianza «no es uncheque en blanco para avalar la ineficiencia en la distribución interna de los recursosni para asfixiar a las regiones».
Alerta ambiental: Un recorte inaceptable frente a las crisis ecológicas del AtlánticoDurante su intervención ante el Ministerio de Ambiente, la parlamentaria señaló que,de cada cien pesos de inversión nacional, al cuidado de la naturaleza le correspondenapenas 80 centavos (0,80 %).
Peor aún, advirtió que la cartera ambiental sufre uno de los recortes más profundos del presupuesto, perdiendo el 36,7 % de sus recursos para caer a escasos 778 mil millones de pesos.
Barraza cuestionó que, aunque existan partidas para macroproyectos viales como el
Canal del Dique o el Río Magdalena, al Ministerio le hayan quitado la chequera para
liderar la verdadera política climática.
En el caso específico del Atlántico, alertó que
esta asfixia financiera agrava tragedias con nombre propio:
● Ciénaga de Mallorquín: Ha perdido casi la mitad de su tamaño, recibe aguas
negras de 68 arroyos sin tratamiento adecuado y registra alta mortalidad
pesquera.
● Embalse del Guájaro y Ciénaga del Uvero: Afectados por mortandad masiva de
peces y sequías implacables que dejan a cientos de familias sin sustento ni agua.
● Erosión costera: Con más de la mitad de los 71 kilómetros de costa en alto riesgo,
el mar ha avanzado hasta 55 metros tierra adentro en zonas como Salgar, Santa
Verónica, Puerto Velero y Puerto Colombia.
● Riesgo invernal: Recordó las 228 familias que lo perdieron todo en Galapa,
Malambo, Soledad y Tubará por desbordamientos.
Ante este panorama, exigió que recursos clave como los del Fondo para la Vida o el
Fondo de Compensación Ambiental aterricen con nombre propio en el departamento
para saneamiento hídrico y obras de protección costera.
Crisis de agua y vivienda: No más bolsas ciegas ni parálisis en subsidios
En lo referente al sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Representante expuso que
de los 6,65 billones asignados, el 76 % corresponde a transferencias inflexibles,
reduciendo la inversión real a 1,54 billones (principalmente para agua potable).
Sin embargo, contrastó los indicadores de los escritorios en Bogotá con la realidad social
en las calles del Atlántico: protestas y bloqueos viales en Sabanalarga (sector La Unión) por pozos de aguas residuales a cielo abierto; crisis de desabastecimiento en Malambo (donde sectores pasaron hasta 20 días sin servicio); y protestas en Baranoa por suministros reducidos a tres horas diarias.
Para solucionar estas problemáticas, exigió partidas etiquetadas y recursos directos
para:
● Terminar las redes de alcantarillado del sur y centro del Atlántico.
● Asegurar los 16.700 millones de pesos comprometidos para el sistema El
Concorde en Malambo.
● Garantizar el cierre financiero del Acueducto Regional del Norte, una megaobra
de más de 221.400 millones vital para 1,6 millones de habitantes.
● Respaldar los 13 proyectos de saneamiento básico ejecutados por la Gobernación en el sur del departamento por más de 151.400 millones de pesos.
Asimismo, lanzó una advertencia severa en defensa de la política anticíclica de
vivienda: rechazó tajantemente que el Ministerio de Hacienda pretenda drenar los ya
reducidos 704 mil millones de pesos de Fonvivienda para atender otras emergencias
nacionales, recordando que en 2025 más de 25 mil familias desistieron de comprar vivienda propia por falta de subsidios y cupos bancarios.
«Aprobamos el monto global, sí. Pero la distribución sectorial la pelearemos peso a peso en este Congreso. La dignidad, la salud pública de nuestros municipios y el empleo del Atlántico no son negociables», concluyó la Representante.