Ministro de Justicia reconoce fallas de coordinación, defiende estrategia de paz con resultados y exige articulación institucional para garantizar la seguridad ciudadana
El Gobierno nacional anunció la suspensión del traslado a cárceles de Barranquilla de tres peligrosos cabecillas de estructuras criminales que operan en la región Caribe: Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ de ‘Los Costeños’; Digno Palomino de ‘Los Pepes’; y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘El Negro Ober’ de ‘Rastrojos Costeños’.
La decisión fue confirmada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, tras la ola de críticas públicas y cuestionamientos por parte de autoridades locales y sectores ciudadanos. En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, el alto funcionario reconoció la falta de coordinación con las autoridades territoriales y enfatizó que, por ahora, el traslado de estos cabecillas queda suspendido.“El combate a la criminalidad exige una institucionalidad unida, responsabilidades claras y coordinación real entre todas las autoridades”, señaló Idárraga, al tiempo que respondió directamente a los cuestionamientos del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, rechazando que los traslados fueran considerados como “premios” para los delincuentes.
El ministro explicó que las decisiones del Gobierno nacional buscaban contener una escalada de violencia que, según afirmó, no había logrado ser frenada desde la administración local. En ese sentido, destacó los resultados obtenidos a través de diálogos de paz con estructuras criminales, indicando que ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaron una tregua que permitió reducir en un 57 % los homicidios y en un 84 % la extorsión hacia finales de 2025, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.Asimismo, Idárraga cuestionó el manejo de los recursos destinados a seguridad por parte de la Alcaldía de Barranquilla. Recordó que 2024 cerró como el año más violento de las últimas dos décadas, con 487 homicidios, y que cuando el alcalde Char asumió el cargo, la extorsión ya había aumentado un 458 % entre 2021 y 2023.
El jefe de la cartera de Justicia también hizo énfasis en los 78.000 millones de pesos recaudados a través del impuesto a la seguridad, administrados por la Alcaldía de Barranquilla, cifra que equivale a casi la mitad del recaudo departamental, y cuestionó los resultados concretos obtenidos con dichos recursos.Finalmente, el ministro subrayó que cualquier eventual traslado deberá estar precedido por una coordinación institucional integral entre el INPEC, la Policía Nacional, la Alcaldía de Barranquilla y las autoridades departamentales del Atlántico, con el fin de garantizar vigilancia estricta y control permanente.
Idárraga reiteró que la tregua con los grupos criminales no constituye un “cheque en blanco” y que los cabecillas deberán entregar resultados concretos, medibles y verificables en el desescalamiento de la violencia.“La prioridad es una sola: proteger a la ciudadanía, avanzar en una búsqueda de paz con resultados y mantener cero contemplaciones con quienes sigan sembrando miedo en Barranquilla”, concluyó el ministro.
